Resumen: PRIMERO.- La representación procesal del demandante e alza contra el pronunciamiento del fallo de la sentencia de primera instancia sobre costas, que dispone la no imposición de condena a la demandada allanada y postula su revocación y la condena a la parte demanda, con base en las alegaciones que se formulan en el escrito de interposición de recurso.
Resumen: Se examina la calificación del despido (disminución de rendimiento) cuya improcedencia se reconoce, reiterando el recurrente la nulidad del producido bajo el contexto del COVID, incumpliéndose la prohibición de despedir que impone la norma defraudada. Tras reiterar (invocando la sentencia de Pleno a que se remite) que la nulidad se reserva para los supuestos de vulneración de derechos fundamentales, analiza la Sala si la especial legislación COVID-19 prohibe el despido con los efectos a derivar de su calificación. Desde la normativa que ofrecen los sucesivos RRDD que la conforman, y aun sin desconocer su carácter excepcional y temporal, advierte que su finalidad es la de impedir que la empresa extinga válidamente (con sanción de improcedencia, que no de nulidad) un contrato por causas objetivas relacionadas con una situación que podría haber motivado la adopción de medidas de flexibilidad interna conducentes al mantenimiento del empleo. Se confirma el pronunciamiento de instancia incluido su rechazo del recargo moratorio sobre la indemnización. Frente a lo así resuelto opone el VP que la declaración de nulidad resulta tanto de la contravención de un mandato imperativo como del principio de tutela judicial efectiva; presumiendo (los concurrentes) que la decisión empresarial no atiende a la conducta sancionada sino al contexto socioeconómico derivado de la crisis por el Covid. Los efectos de aquel incumplimiento derivan de las reglas generales de eficacia de los contratos.
